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Febrero 2008
Iglesia
y estado
La
idea de la separación entre la iglesia
y el estado surge en respuesta a las políticas
de los estados europeos modernos. En gran
parte, la Reforma Protestante fue posible
porque el viejo Sacro Imperio Romano se
desquebrajó, surgiendo así
los estados europeos.
Siguiendo
las pautas del medioevo, los estados se
aliaron a movimientos religiosos. Había
estados católicos y protestantes.
Entre los protestantes, había estados
anglicanos, luteranos y reformados, entre
otros. La colonización de América
ofreció una válvula de escape
para las minorías religiosas europeas,
quienes se sentían oprimidas en sus
respectivos países. Por ejemplo,
puritanos ingleses y hugonotes franceses
emigraron al Nuevo Mundo añorando
la libertad de culto que no encontraban
en sus países. Sin embargo, la hegemonía
británica implicaba que la Iglesia
Anglicana tendría un lugar privilegiado
en la sociedad norteamericana.
Por
ser la “Iglesia Oficial”, sus
líderes tendrían acceso a
los centros de poder, sus ministros recibirían
subsidios del Estado y sus templos ocuparían
los lugares más prominentes en las
ciudades. Al triunfar la Revolución
Estadounidense, líderes religiosos
de distintas denominaciones presionaron
para que la nueva Constitución proclamara
la libertad de culto.
También
en Francia la Revolución Francesa
proclamó el estado laico. Así
surge el lenguaje que informa la Constitución
de Puerto Rico: “No se aprobará
ley alguna relativa al establecimiento de
cualquier religión ni se prohibirá
el libre ejercicio del culto religioso.
Habrá separación de la iglesia
y el estado” (Artículo II,
Sección 3).
Yo
afirmo la separación de la iglesia
y el estado. Yo no deseo que el estado apruebe
un credo o una religión oficial.
Durante mis experiencias en Centro y Sur
América durante las décadas
de los 80 y 90 pude ver de primera mano
el discrimen que se establece cuando un
país tiene una Iglesia oficial. Reitero,
no tengo interés en que el estado
tenga una iglesia oficial u obligue al pueblo
a someterse a doctrina alguna. La separación
de la iglesia y el estado no sólo
protege a la primera de los excesos de los
grupos religiosos extremistas, sino también
de los abusos del estado.
En
el ámbito puertorriqueño,
las iglesias tienen ciertos privilegios
de los cuales voy a comentar dos. El primero
es la exención contributiva. Aunque
otras instituciones también están
exentas, las iglesias no están obligadas
a rendir informes anuales al estado. El
segundo privilegio es que el estado permite
que los ministros oficien matrimonios. Mucha
gente no sabe que cuando un ministro oficia
una boda e inscribe un matrimonio está
actuando como representante del estado.
Mi preferencia sería que las iglesias
no tuvieran estos privilegios. Esto dejaría
más claros los linderos entre la
iglesia y el estado.
Creo
que las iglesias deberían tener los
mismos derechos y responsabilidades de cualquier
otra corporación sin fines de lucro
y que el estado debería encargarse
de los aspectos legales de los matrimonios,
dejando a las iglesias los aspectos ceremoniales
y religiosos. Empero, en nuestro actual
estado de derecho el matrimonio es una institución
donde la iglesia y el estado colaboran.
Los
cambios en las leyes que regulan el matrimonio
afectan directamente a los líderes
religiosos y a las congregaciones que pastorean.
Ahora bien, las personas que se consideran
a sí mismas como “religiosas”
tienen derecho a opinar sobre los problemas
y las situaciones que afectan sus respectivos
países. Como cualquier otro ciudadano
que pague impuestos, tienen derecho a contribuir
al debate social y a participar del proceso
político, si así lo desean.
Su participación no cancela la separación
entre la iglesia y el estado. Claro está,
cada cual tiene el deber de participar de
manera responsable. Le toca al pueblo condenar
y rechazar a quienes participen de manera
irresponsable e irrespetuosa.
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